Había una vez un ministro de justicia español llamado López Aguilar que,  para mejor calzar la ley con su criterio y evitar que los presos vascos recobraran la libertad, así ya hubieran cumplido las condenas que él mismo les impusiera, decidió que a esos presos se les “construyeran nuevas imputaciones.”

Había una vez otro ministro de justicia español llamado Mariano Fernández Bermejo que, cuando se cansaba de evacuar sentencias, salía de cacería a matar animales sin disponer siquiera de licencia, menos aún de discreción, en compañía de otros amigos y honorables jueces como el versado en monterías Baltasar Garzón.

Había una vez un presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial español, llamado Carlos Dívar, que  cuando se aburría de atender tantos asuntos y despachos,  aburrimiento que acostumbraba a comenzar los jueves, daba inicio a su “semana caribeña” por Marbella, a donde trasladaba su agenda de reposo, sus siete guardaespaldas, sus coches oficiales, sus más íntimas cenas, y cargaba las cuentas al Estado.

Pues bien, este no es el cuento que prometí en el título sino la crónica diaria de una justicia que castiga la opinión con la cárcel y amnistía fraudes fiscales, banqueros y duques; que ha convertido la resistencia pacífica en desacato y que sanciona como organización criminal la movilización; y que ha transformado la cadena perpetua que no existe, en “condena indefinida”. Este no es el cuento sino la insoportable agonía de un monarca que, desde que se lo permiten sus safaris, pronuncia frases tan elocuentes como: “la Justicia es igual para todos”,  la historia de un país que se desploma y al que le deseo suerte y, sobre todo, que no salpique.

El único posible relato que nos queda es el que estamos escribiendo y que, no importa los oráculos mientan que es un cuento, habremos de convertir en nuestra historia, sin brujos entogados ni coronados necios. Si acaso, en esa historia habrá una niña, una puerta abierta, un viejo árbol, un abrazo en la calle, una mesa común y una mano fraterna.

El diario vasco Gara, en su edición dominical, publicaba un amplio reportaje sobre el estado en que se encuentran las instalaciones del periódico Egin y de la emisora Egin Irratia, medios cerrados en 1998 por orden del juez Garzón y con el beneplácito del Estado.

Hace 3 años, el Tribunal Supremo, declaraba improcedente la clausura de esos medios e instalaciones que siguen, no obstante la sentencia, sin devolverse a sus legítimos propietarios.

Escribía Fermín Munarriz al respecto: “Atravesar  la puerta principal de Egin es viajar al corazón de las tinieblas judiciales”.

Y al denunciar el lamentable estado en que están esas instalaciones Munarriz describía, más que su abandono,  la ruina en que se encuentra la justicia española, una justicia agrietada y hundida, que apesta a ácido, que tanto como polvo acumula escombros y pastosos charcos. Una justicia cuyos valores han sido arrancados, su independencia saqueada, sus materiales revueltos, sus archivos desbaratados y de la que no han dejado ni los pasamanos ni las barandillas. Una justicia expuesta a que las aguas sucias de sus cloacas sigan introduciendo desperdicios, para acabar formando una gran barricada de desechos.

De la larga e impune cadena de atropellos han transcurrido ya 14 años. Once periodistas siguen estando presos y secuestrados dos medios de comunicación.

Muy pronto, aunque siempre será tarde, esos once periodistas libres volverán a casa. La noticia la podremos leer en Egin, así se llame Gara… Lamentablemente, también entonces, la justicia española seguirá siendo la misma barricada de desechos que hoy nos niega el derecho a la vida.